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La eventual presidencia de Xiomara Castro en Honduras: implicaciones para Estados Unidos y la región

R. Evan Ellis
R. Evan Ellis CEEEP

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El 28 de noviembre de 2021, Honduras elegirá un nuevo presidente, un nuevo Congreso y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (comúnmente conocido como Parlacen). Al respecto, las encuestas indican que la candidata del Partido Libre, Xiomara Castro, cuya plataforma se compromete a refundar Honduras como un “estado socialista democrático”[2], probablemente superará a sus principales rivales (el candidato del Partido Nacional Nazry Asfura y el candidato del Partido Liberal Yani Rosenthal) para convertirse en la próxima presidente de Honduras[3].

Según la ley hondureña, a partir del 21 de noviembre, los candidatos finalizaron sus campañas oficiales y entraron en un período de silencio hasta la elección. Durante este periodo, es posible que se produzcan cambios significativos y no percibidos en la intención de voto[4]. Nazry Asfura y el Partido Nacional han gastado mucho, incluyendo el uso de vallas publicitarias, y podría decirse que se han beneficiado -indirectamente- de su control del gobierno. Asimismo, el Partido Nacional ha apelado fuertemente al temor de algunos hondureños de que una victoria del Partido Libre transformaría a Honduras en otra Venezuela o Cuba. Si bien el resultado en Honduras no está predeterminado de ninguna manera, podría decirse que Castro tiene muchas posibilidades de ganar la elección.

Como en otros países que han elegido a líderes populistas de izquierda, la probable victoria de Castro refleja la frustración de los hondureños con la pobreza generalizada, el crimen, la violencia, la corrupción en todos los niveles de gobierno y la continua incapacidad de los líderes electos para abordar estos problemas. En el año 2019, el 48% de los hondureños estaban por debajo de la línea de pobreza[5], mientras que el 70% estaban subempleados[6]. Lo que es peor, en los últimos dos años, sus dificultades se han visto agravadas por los efectos de la Covid-19[7] y los huracanes Eta e Iota[8]. Las tormentas consecutivas golpearon duramente al país en noviembre de 2020, ocasionando $ 1.9 mil millones en daños y afectando a cuatro millones de hondureños[9]. Como reflejo del efecto combinado de estos golpes, la economía de Honduras se contrajo un 9% en el año 2020[10].

Con respecto a la delincuencia y la inseguridad, la tasa de homicidios de Honduras, en el año 2020, fue de 37,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región, aunque mejoró con respecto a años anteriores[11]. Como ilustración de la omnipresencia de la corrupción y del poder del crimen organizado en Honduras, el actual presidente de la nación, Juan Orlando Hernández, ha sido nombrado públicamente como co-conspirador[12] en un caso de narcotráfico en un tribunal de Estados Unidos (EE. UU.), que resultó en la condena de su hermano Tony Hernandez[13]. Además, el predecesor del presidente Hernández, Pepe Lobo, la esposa[14] e hijo del ex presidente[15], así como el actual candidato presidencial Yani Rosenthal[16] han sido todos condenados o acusados de manera creíble de vínculos con el narcotráfico o el lavado de dinero.

Para ser justos, la demanda estadounidense de drogas, que causó más de 100.000 muertes por sobredosis en EE. UU. el año pasado[17], ha jugado un papel importante en la corrupción y disfuncionalidad de las instituciones hondureñas a través del impacto corruptor de los flujos masivos de drogas y dinero. Sin embargo, si bien el tema de la culpa es importante, no debe restar valor al reconocimiento de que la probable elección de Castro y su Partido Libre en Honduras tendrá un impacto significativo en la dinámica de la región y la posición estratégica de EE. UU., como parte de un giro más amplio hacia la izquierda actualmente en marcha en América Latina. Como tal, es importante que los tomadores de decisiones y los planificadores estratégicos de la región examinen las implicancias, así como anticipen y gestionen las consecuencias y posibles oportunidades.

Política interna hondureña

Con respecto a la dinámica política dentro de Honduras, es probable que la elección del 28 de noviembre esté acompañada de irregularidades que den lugar a protestas y cuestionamientos al resultado[18], tal como ocurrió en el año 2017[19]. De hecho, la violencia política en Honduras ya es preocupante. Por ejemplo, desde fines del año 2020, 14 candidatos políticos hondureños han sido asesinados[20].

Adicionalmente, la victoria de Castro probablemente desatará una lucha política amarga y pública entre las fuerzas conservadoras y el nuevo gobierno de izquierda. En el corto plazo utilizarían la causa legítima de luchar contra la corrupción para tratar de modificar las instituciones, aunque la posible incapacidad del Partido Libre para ganar una mayoría absoluta en el Congreso creará oportunidades para que sus oponentes formen coaliciones a fin de bloquear sus reformas, particularmente cuando amenacen los intereses personales e institucionales de los miembros involucrados.

En la lucha por rehacer las instituciones de Honduras, el nuevo gobierno tendrá una confluencia de oportunidades en el año 2023. En ese año, nominará un nuevo Fiscal General cuando expire el mandato de 5 años del actual titular[21]. Asimismo, en el año 2023, la Administración designará y pedirá al Congreso que apruebe el nombramiento de 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema, concluido el mandato de siete años de sus predecesores[22]. De hecho, la decisión de la Corte de Apelaciones de agosto de 2020 de desestimar los cargos contra 22 ciudadanos hondureños[23] de alto perfil, implicados en el caso “Pandora Papers”, destaca la importancia de las elecciones judiciales, como lo señaló el compañero de fórmula de Castro, Salvador Nasrallah[24].

Si el Partido Libre de la candidata Castro tiene los votos en el Congreso, en nombre de la lucha contra la corrupción, se ha comprometido a derogar o modificar numerosas leyes[25]. Estas incluyen aquellos que protegen la confidencialidad de los datos sobre temas ambientales, administración pública, programas sociales[26], así como derogar o modificar los cambios realizados por el gobierno saliente que posiblemente debiliten las leyes anticorrupción[27].

La administración de Castro probablemente buscará revivir algún tipo de comisión contra la corrupción para reemplazar al organismo afiliado a la Organización de Estados Américas (OEA) denominado MACCIH[28], que fue eliminado por su predecesor, aunque esto probablemente también requerirá el apoyo del nuevo Congreso. Asimismo, Castro ha hablado sobre la introducción de un nuevo organismo liderado por Naciones Unidas[29] en la línea de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Si bien una campaña anticorrupción de Castro probablemente sería vista con un positivismo cauteloso por parte de la Administración Biden, también serviría para un propósito estratégico para Castro y el Partido Libre al desacreditar y/o eliminar a políticos rivales, líderes empresariales y bases tanto institucionales como económicas de resistencia.

A medida que avance la consolidación de Castro y el desmantelamiento del antiguo orden institucional, como también ocurrió en Venezuela[30], Ecuador[31] y Bolivia[32], es probable que el gobierno de Castro cumpla su compromiso de reescribir la constitución hondureña a través de una Asamblea Constituyente[33]. Si bien la Constitución permite que un organismo de este tipo sea instalado con 2/3 de los votos del Congreso Nacional, las oportunidades para que los partidos rivales se unan para bloquear tal asamblea pueden tentar a Castro y al partido Libre a terminar con el Congreso pidiendo un plebiscito, donde su capacidad para movilizar a la gente en las calles les da una ventaja.

Es probable que las acciones tomadas por Castro y el Partido Libre, así como la reacción a ellas por parte de las fuerzas afectadas en Honduras aumenten la movilización política y la violencia. A medida que el poder político, los intereses económicos y las protecciones legales de los intereses establecidos sean atacados, es probable que busquen usar sus conexiones en la prensa, los EE. UU. y los negocios internacionales para llamar la atención sobre actividades de interés, particularmente cuando involucran una posible colaboración del Partido Libre con actores de izquierda externos, como Cuba, Venezuela y el foro de Sao Paulo.

Al mismo tiempo, los indicios de que Castro está consolidando el poder de manera no democrática o participando en actos de corrupción, como -de acuerdo a evidencia creíble[34]– fue el caso del esposo de Castro, Mel Zelaya, probablemente crearán tensión entre Castro y Salvador Nasrallah, así como entre sus facciones dentro del Congreso y sus partidarios.

Reconocimiento de la República Popular China

Xiomara Castro ha prometido reconocer a la República Popular China (RPC) dentro de los primeros 100 días de su asunción a la presidencia[35]. Para los taiwaneses, evaluar el riesgo de tal cambio, cómo prepararse para él y discusiones francas sobre si se podría persuadir a un gobierno de Castro para que no cambie el reconocimiento fue -probablemente- el tema central de la visita del presidente Juan Orlando Hernández a Taiwán en noviembre de 2021[36].

Empíricamente, en otros casos recientes de reconocimiento diplomático de la RPC[37], como los de los gobiernos de Costa Rica[38] (2007), Panamá[39] (2017), República Dominicana[40] (2018) y El Salvador[41] (2018), el cambio ha llevado a la firma de múltiples memorándums de entendimiento[42], a menudo no transparentes, que abren el país a las actividades de las empresas chinas, las mismas que incluyen proyectos de infraestructura, operaciones comerciales permanentes tanto en sectores extractivos como en mercados estratégicos, la presencia ampliada de empresarios chinos y la influencia asociada. Otros cambios que suelen acompañar al reconocimiento y que pueden esperarse en el caso de Honduras incluyen la visita casi obligatoria de una delegación del país a la RPC. Por lo general, estas delegaciones incluyen no solo al personal del gobierno, sino también a empresarios con vínculos especiales con el gobierno[43]. Su inclusión en el grupo les brinda oportunidades exclusivas para discutir acuerdos especiales con sus homólogos chinos que benefician a sus empresas e intereses comerciales. En Honduras, eso puede incluir a empresarios con conexiones con Mel Zelaya y el Partido Libre, aunque la alineación de larga data de las empresas hondureñas con los Partidos Nacional y Liberal establecidos en el país puede dar algún cambio después de una victoria de Libre, principalmente de aquellos que buscan posicionarse como aliados del nuevo gobierno.

Al igual que con los otros casos de cambio diplomático, el gobierno de Castro probablemente involucrará a Honduras en la iniciativa China de “La Franja y la Ruta”[44] y solicitará la membresía en el Banco de Inversión en Infraestructura de Asia (AIIB). Asimismo, la agricultura hondureña es un sector que podría verse favorecido por los nuevos acuerdos y las negociaciones. Con base en la práctica anterior, la RPC probablemente hará un seguimiento de los acuerdos iniciales de cooperación agrícola y las discusiones con los representantes de las agroindustrias hondureñas para el envío de equipos técnicos chinos a Honduras a fin de facilitar la certificación de las instalaciones de procesamiento agrícola del país y los acuerdos fitosanitarios asociados para la exportación de café y frutas a la RPC.

Los acuerdos iniciales con Honduras probablemente incluirán al sector de las telecomunicaciones, involucrando a Hondutel, el órgano hondureño de telecomunicaciones, así como a entidades con sede en la RPC que ya operan en el país, como Huawei, que estableció una oficina en Tegucigalpa en el año 2018[45]. Otras áreas que probablemente se incluirán en la próxima ola de acuerdos incluyen el trabajo para empresas chinas en el sector de generación, transmisión y distribución de electricidad, donde la firma China Harbour ya se ha afianzado con trabajos en los proyectos hidroeléctricos Patucha III[46] y Aqua Zarca[47].

Por otra parte, es probable que la RPC y el gobierno de Castro se enfoquen más en acuerdos que abarquen el trabajo de las empresas constructoras chinas en infraestructura de transporte, incluidos proyectos de carreteras a lo largo del corredor desde el Golfo de Fonseca, en la costa del Pacífico, hasta San Pedro Sula y Puerto Cortés, en el Atlántico, donde las empresas chinas han mostrado previamente su interés[48]. Las discusiones y los acuerdos también pueden abarcar proyectos portuarios en los extremos atlántico y pacífico del corredor, y en las cercanías del nuevo Aeropuerto Internacional de Palmerola, que comparte pista con la base aérea de Soto-Cano, donde EE. UU. actualmente mantiene a su Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-B), en su ubicación de Operación Regional Avanzada (FOL)[49].

En la medida en que el gobierno de Castro abra Honduras a las operaciones portuarias, de ensamblaje y distribución, los chinos pueden buscar que se les otorgue facilidades para operar bajo una jurisdicción legal especial, como han tratado de hacer en El Salvador, Costa Rica y otros lugares. En particular, podrían buscar establecer un enclave con exenciones no solo de impuestos, sino también laborales y otras leyes, bajo la ley de Honduras para zonas administrativas especiales (Zedes[50]). Obtener un enclave de Zedes de un gobierno de Castro sería irónico, en la medida en que los enclaves de Zedes fueron establecidos por el actual gobierno del Partido Nacional, y Libre se opuso firmemente.

Es probable que, como en otros países que extienden el reconocimiento, la RPC abra un nuevo Instituto Confucio en una de las principales universidades públicas de Honduras, amigables con la izquierda, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa. De hecho, teniendo en cuenta la rapidez con la que se han abierto los Institutos Confucio en otros países después de otros cambios diplomáticos[51], es probable que ya estén en marcha discusiones entre bastidores sobre la creación de un Instituto Confucio en la UNAH o en cualquier otro lugar de Honduras.

Como retribución al nuevo Instituto Confucio, el gobierno hondureño probablemente solicitará becas para que los hondureños estudien en la RPC a expensas del gobierno chino. La experiencia de otros países que cambian el reconocimiento sugiere que Hanban (Sede del Instituto Confucio) podría proporcionar de 8 a 20 becas de este tipo[52], así como posibles ofertas para capacitar a miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio de Honduras en la RPC, en apoyo al establecimiento de una embajada y representación comercial de Honduras en la RPC, al igual que la RPC brindó ese apoyo a la República Dominicana cuando el gobierno de ese país lo reconoció en el año 2018[53].

Otras relaciones y dinámicas multilaterales de Honduras

Una eventual presidencia de Castro tendría un impacto sustancial en las relaciones bilaterales de Honduras y la dinámica de las instituciones multilaterales en las que participa. El gobierno de Castro probablemente fortalecerá las relaciones con los regímenes populistas de izquierda[54] de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México, el régimen de Miguel Díaz Canel en Cuba, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Efectivamente, el gobierno de Castro podría cambiar con mayor rapidez la política exterior de Honduras que buscar reformas internas, ya que dependerá menos del control del Congreso para hacerlo. En ese sentido, el eventual gobierno de Castro podría utilizar el apoyo financiero y de otro tipo de sus nuevos amigos para apoyar el logro de sus objetivos internos, como posiblemente lo hayan hecho otros países como Venezuela. No obstante, es probable que Castro también busque equilibrar -inicialmente- tales maniobras con el mantenimiento de relaciones positivas con EE. UU. y la Unión Europea (UE).

En el corto plazo, es probable que Castro restablezca las relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro en Venezuela, terminado por su predecesor, y expulse del país al representante del presidente de jure de Venezuela, Juan Guaidó. En la medida en que Venezuela logre volver a poner en marcha su producción de petróleo con la ayuda de la Corporación Nacional del Petróleo de China (CNPC), como está ocurriendo actualmente[55], el régimen de Maduro podría extender su asistencia a un Castro ideológicamente simpatizante a través de un Petrocaribe resucitado, o posiblemente el Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), como ocurrió anteriormente en el año 2008, cuando el esposo de Castro, Mel Zelaya, era presidente[56]. Podría decirse que ambas situaciones crearían oportunidades para que Maduro involucre a Castro y sus partidarios en la red de corrupción de Venezuela.

La relación de Honduras con el régimen de Ortega en Nicaragua posiblemente se volvería más cálida y profunda bajo un gobierno de Castro. La relación ya era positiva bajo la administración de Hernández. Su fortalecimiento bajo un gobierno de Castro probablemente reflejaría simpatías ideológicas y el interés común de ambos en desarrollar el Golfo de Fonseca, previamente complicado por disputas territoriales entre Honduras, El Salvador y Nicaragua. El esposo de Castro, Mel Zelaya, en el año 2007, buscó negociar zonas económicas especiales en el Golfo[57], mientras que el presidente Hernández firmó un acuerdo con su homólogo Daniel Ortega en noviembre de 2021[58] para abordar la frontera entre Honduras y Nicaragua en el Golfo y su relación con los reclamos salvadoreños. Por lo tanto, se podría esperar una mayor exploración del interés común en el área bajo un eventual gobierno de Castro, particularmente en conjunto con El Salvador que también está desarrollando su parte del Golfo con dinero chino. Un gobierno de Castro, como su antecesor, probablemente se abstendría de criticar a los Ortega y de tomar posiciones contra el régimen en foros internacionales como la OEA.

Con relación a México, que durante mucho tiempo ha tenido una relación especial con Honduras en asuntos de inmigración y desarrollo, de hecho, incluso antes de asumir el cargo, el entonces ministro de Relaciones Exteriores designado por AMLO, Miguel Ebrard, ilustró el especial interés de México en Honduras y otros países del Triángulo Norte durante la visita del primero a Tegucigalpa en el año 2018[59], incluido el “plan de crecimiento sostenible” propuesto por AMLO para el sur de México y el Triángulo Norte. El gobierno de AMLO continuó esa demostración de interés con la firma de un Tratado de Libre Comercio con Honduras en noviembre de 2018. Con la alineación ideológica de un gobierno de Castro con la administración de AMLO, la relación probablemente no solo se profundizaría, sino que se expandiría a nuevas áreas de cooperación, evolucionando en tono y estilo.

Con respecto a la relación de Honduras con El Salvador, a pesar de las diferencias ideológicas entre Castro y el presidente de El Salvador, Najib Bukele, la eventual presidente Castro podría buscar una causa común con Bukele, así como con Alejandro Giametti en Guatemala, rechazando la supuesta interferencia de los EE. UU. y las organizaciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BCIE y el Fondo Monetario Internacional[60] (FMI) en los “asuntos internos” de los países.

Si bien el reclamo en competencia de El Salvador y Honduras sobre la Isla Conejo en el Golfo de Fonseca puede ser más difícil de resolver que la coordinación de reclamos de Honduras con Nicaragua, el interés común tanto de El Salvador[61] como de Honduras[62] en utilizar dinero y empresas chinas para desarrollar sus respectivos partes del área en un centro logístico regional, incluido el interés de El Salvador en el acceso al Atlántico a través del corredor del “canal seco” de Honduras, podría crear nuevas oportunidades para llegar a un acuerdo.

Además de las relaciones con los países del hemisferio y con la RPC, es probable que un eventual gobierno de Castro también corteje a Rusia e Irán, con cautela al principio, pero con creciente audacia a medida que las relaciones con EE. UU. se deterioran. En ese sentido, la detención -por parte del gobierno hondureño- de cuatro iraníes que intentaron ingresar ilegalmente al país, en enero de 2020, sugiere que Honduras ya está en el radar de Irán por alguna actividad ilícita[63]. Con respecto a Rusia, debido a su relativa falta de recursos, dichos compromisos -inicialmente- serían limitados, avanzando a través de donaciones de alimentos, equipo de transporte y material para la policía y las fuerzas de seguridad de Honduras, como lo hizo Rusia al reconstruir su relación con el régimen de Ortega en Nicaragua después del año 2007.

Cualquiera que sea la postura del gobierno de Castro hacia los actores extra-hemisféricos y los estados populistas en la región, probablemente mantendrá buenas relaciones con la UE. En ese sentido, es probable que busque seguir beneficiándose de la ayuda de esta organización, al tiempo que aprovecha la simpatía europea por su defensa de las poblaciones indígenas y marginadas, así como su lucha contra la corrupción, compensando -en cierta medida- el malestar europeo si el gobierno de Libre comienza a apartarse del marco de la política democrática constitucional y legal del país.

En términos de corrientes más amplias de multilateralismo en la región, Honduras probablemente dejará de apoyar posiciones críticas de regímenes autoritarios de izquierda como Venezuela, Nicaragua y Cuba en foros como la OEA. También es probable que se vuelva mucho menos cooperativo con las posiciones favorables al mercado y defendidas por EE. UU. en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA[64]).

Por otro lado, se puede esperar que un régimen de Castro asuma un papel más activo y antiestadounidense en la CELAC, para incluir la participación en las actividades China-CELAC. De hecho, el desarrollo de un corredor desde el Golfo de Fonseca hasta Puerto Cortés en el Atlántico -mencionado anteriormente- podría convertirse en el proyecto de infraestructura de la “Franja y Ruta” de China-CELAC en Centroamérica.

Retos y relaciones de seguridad

Es probable que las políticas de seguridad de un eventual gobierno de Castro se desarrollen de una manera inicialmente positiva desde la perspectiva de la administración Biden en EE. UU. Sin embargo, con el tiempo, es posible que se vuelvan más preocupantes.

El Partido Libre se ha comprometido a retirar a los militares de su función de seguridad pública[65] y a centrarse más en la vigilancia comunitaria. La plataforma de Libre pide la eliminación gradual de la Policía Militar (PMOP)[66], que fue una iniciativa clave de su predecesor, Juan Orlando Hernández[67]. Además, en nombre de la lucha contra la corrupción, la plataforma de Libre proclama su intención de derogar las leyes que rigen el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y la ley de protección de documentos de seguridad nacional[68].

Además de tales promesas, Castro enfrentará fuertes incentivos para reducir significativamente el papel del Ejército hondureño en los asuntos de seguridad del país, mientras trabaja simultáneamente a través de promociones militares y cambios institucionales para garantizar que la institución -generalmente conservadora- no desafíe el poder de Castro, mientras trabaja para mover al país en una nueva dirección. En ese sentido, es probable que Castro sea especialmente sensible al papel de los militares como un desafío a su administración, dado su papel en la destitución (en junio de 2009) de su esposo[69], Manuel Zelaya, de la Presidencia, luego de una decisión de la Corte Suprema de Honduras[70].

A pesar de tales preocupaciones, es probable que Castro proceda con cautela en su relación con los militares, al menos al principio. Esta precaución podría incluso incluir proporcionar recursos adicionales a los militares como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, o prometer respeto por la autonomía institucional de los militares, incluso mientras trabaja gradualmente para reemplazar el liderazgo militar con leales a Libre a través de promociones, reestructurar su doctrina, fomentar el conflicto dentro de sus filas o crear fuerzas ciudadanas paralelas bajo el control de Libre, tal y como lo hizo Hugo Chávez al establecer los «colectivos» en Venezuela.

Sobre la base de la experiencia de otros países que se han movido en una dirección populista de izquierda, es probable que las políticas descritas en los párrafos anteriores, al tiempo que aumentan el número de casos de anticorrupción contra las élites afiliadas a la oposición política, eventualmente alimenten nuevas actividades delictivas y disminuyan la eficacia de las instituciones de seguridad gubernamentales politizadas para combatirlas. Tales políticas también podrían crear oportunidades para que pandillas arraigadas como Mara Salvatrucha y Barrio 18 amplíen su presencia en las áreas donde operan actualmente[71], incluyendo Tegucigalpa-Comayagüela y San Pedro Sula, así como para continuar expandiendo su rol en el narcotráfico[72]. Dada la demanda política de reducir la percepción de inseguridad, el régimen de Castro puede verse tentado a buscar «acuerdos» con las pandillas, cediendo -efectivamente- el control de los vecindarios, a cambio de su colaboración para reducir la violencia observada.

Relación con EE. UU. y los desafíos asociados

Si Xiomara Castro es elegida, la dirección que podría tomar su administración presentará tanto desafíos como oportunidades para la administración Biden. El momento más crítico para la relación de EE. UU. con el nuevo gobierno de Castro probablemente será el período inicial después de su elección. Es posible que múltiples factores obliguen a la eventual presidente Castro a buscar -inicialmente- buenas relaciones con Washington. Estas incluyen la buena voluntad que la administración Biden ha generado al mantener la distancia[73] de Juan Orlando Hernández y su gobierno del Partido Nacional, incluido el subsecretario de Estado de los EE. UU., Brian Nichols, que no se reunió con él durante su visita a Honduras[74] la semana antes de las elecciones para enfatizar el interés de Washington en los resultados[75] .

El interés de Castro en trabajar con EE. UU. también incluirá el interés de su gobierno en los 4.000 millones de dólares prometidos por Biden a la región[76], así como la importancia de los hondureños que viven en EE. UU. y las remesas que envían al país. También incluye su interés en la regularización del estatus de los inmigrantes que el presidente Biden ha prometido para los inmigrantes de Honduras entre otros países[77]. A pesar de la buena voluntad inicial, los intereses en competencia de Castro y su movimiento Libre, así como las presiones de sus electores nacionales y extranjeros probablemente diferirán cada vez más de los EE. UU. con el tiempo.

Es probable que la presencia de la fuerza estadounidense (JTF-Bravo) en el aeropuerto de Palmerola, que comenzará a operar como aeropuerto internacional justo cuando Castro asuma el cargo, será una prueba temprana de la relación. El nuevo uso comercial del sitio ya crea desafíos para el uso continuado de las instalaciones que ocupa la fuerza estadounidense. El acto de equilibrio de la eventual presidente Castro entre aquellos en el Partido Libre que desean la expulsión de la fuerza estadounidense (FOL) del país, versus el deseo de Castro de mantener buenas relaciones con los EE. UU. será una indicación temprana de su orientación y la configuración de fuerzas dentro del partido Libre.

En ese sentido, es probable que la eventual presidente Castro adopte medidas para limitar la cooperación en materia de seguridad con los EE. UU., lo que incluye reducir o restringir los compromisos en materia de lucha contra el narcotráfico[78] y contra el crimen[79]. La continua extradición de criminales por parte de Honduras a los EE. UU. será una prueba importante.

Los incentivos de un probable gobierno de Castro para limitar la cooperación con EE. UU. pueden volverse aún más fuertes si los supuestos vínculos[80] entre el esposo de Castro, Mel Zelaya, y la organización criminal Cachiros en Honduras, llevan al interés de EE. UU. en perseguir casos penales contra miembros del gobierno de Castro. De hecho, para obstaculizar la capacidad de los EE. UU. de descubrir evidencia legalmente procesable de tales asuntos, el gobierno de Castro podría verse impulsado a imponer límites legales a la libertad de EE. UU. para operar en el país, la protección del personal de EE. UU. y la flexibilidad con la que las entidades hondureñas pueden interactuar con sus homólogos estadounidenses. Hacerlo se asemejaría a las acciones tomadas por el presidente de México, López Obrador, al limitar la capacidad de EE. UU. para operar en ese país, a través de la Ley de Seguridad Nacional de 2020 de México[81].

Además de la FOL estadounidense y otros asuntos de cooperación de seguridad con EE. UU., el reconocimiento de Castro de la RPC y las relaciones comerciales y de seguridad cada vez más profundas generarán preocupaciones en Washington. Otras fuentes de tensión incluyen -potencialmente- los posibles movimientos del gobierno de Castro contra las empresas estadounidenses y otros intereses del sector privado en el país mientras implementa su agenda económica, así como la probable renuencia de su gobierno a ayudar a la Administración Biden en ámbitos multilaterales y otros para restringir a los actores no democráticos en la región como Cuba, Nicaragua y Venezuela. El posible compromiso de un gobierno de Castro con Rusia e Irán agravará las fricciones de otras fuentes.

La capacidad de la administración de Biden para pasar por alto actividades tan preocupantes disminuirá si los republicanos logran retomar el control de la Cámara de Representantes de EE. UU. en el año 2022[82] y, con ello, la capacidad de los republicanos para bloquear la legislación de la administración de Biden y centrar la atención pública en posibles problemas de comportamiento de la administración de Castro a través de audiencias públicas.

En resumen, la administración de Biden tendrá una fugaz ventana de oportunidad con la nueva administración de Castro para aprovechar la buena voluntad inicial y las áreas de congruencia de políticas a fin de encontrar un camino que evite que se desvíe hacia la órbita de los Estados populistas autoritarios de la región y los Estados rivales extra hemisféricos. Aprovechar al máximo esa oportunidad es de gran interés tanto para Honduras como para los EE. UU.

Notas finales

  1. El autor es profesor de investigación sobre América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este documento son suyas. ↑
  2. Renato Florentino Pineda, Natalie Roque Sandoval and Lucky Halach Medina Estrada, Plan de Gobierno para reformar Honduras 2022.2026, https://www.libre.hn/plan-de-gobierno-de-xiomara-2022-2026 ↑
  3. “Xiomara Castro Leads Polls in Honduran Presidential Election,” TeleSur (October 28, 2021), https://www.telesurenglish.net/news/Xiomara-Castro-Leads-Polls-in-Honduran-Presidential-Election-20211028-0004.html ↑
  4. Álvaro Mejía, «Mas de L 400,008 será multa por no respetar el silencio electoral,” El Heraldo (November 23, 2021), https://www.elheraldo.hn/eleccioneshonduras2021/1503568-508/multa-irrespeto-silencio-electoral-ley-honduras-2021 ↑
  5. “Honduras”, WorldBank Data (2021), https://data.worldbank.org/country/honduras?view=chart ↑
  6. Redaccion CRITERIO.HN, “Honduras: 70 % de los empleos formales han caído a categoría de subempleo,” criterio.hn (April 28, 2021), https://criterio.hn/honduras-70-de-los-empleos-formales-han-caido-a-categoria-de-subempleo/ ↑
  7. Merlin Delcid, “Crece la vulnerabilidad económica por el covid-19 en Centroamérica, en especial entre las mujeres, según informe del Incae,” CNN Español (November 16, 2021), https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/16/crece-la-vulnerabilidad-economica-por-el-covid-19-en-centroamerica-en-especial-entre-las-mujeres-segun-informe-del-incae/ ↑
  8. “Hurricanes IOTA and ETA,” USAID, https://www.usaid.gov/hurricanes-iota-eta#:~:text=Storms%20Eta%20and%20Iota%20adversely%20affected%204.6%20million,22%20and%20December%203%20in%20nine%20affected%20departments ↑
  9. Reuters, “Honduras’ hurricane losses total $1.9 billion, far below government estimate, U.N. says,” NBCNEWS (December 21, 2020), https://www.nbcnews.com/news/latino/honduras-hurricane-losses-total-1-9-billion-far-below-government-n1251915 ↑
  10. “Honduras revises up 2021 GDP growth forecast,” LatinNews (November 09, 2021), https://www.latinnews.com/component/k2/item/90615.html?period=2021&archive=3&Itemid=6&cat_id=826785:in-brief-honduras-revises-up-2021-gdp-growth-forecast ↑
  11. “InSight Crime’s 2020 Homicide Round-Up,” InSight Crime (January 29, 2021), https://insightcrime.org/news/analysis/2020-homicide-round-up/ ↑
  12. Jeff Ernst and David C. Adams, “ President of Honduras implicated in $1.5 million drug money conspiracy by New York prosecutor,” Univision (August 04, 2019), https://www.univision.com/univision-news/latin-america/president-of-honduras-implicated-in-1-5-million-drug-money-conspiracy-by-new-york-prosecutor ↑
  13. “Former Honduran Congressman Tony Hernández Sentenced for Distributing Tons of Cocaine, Other Crimes,” DEA United States Drug Enforcement Administration (March 30, 2021), https://www.dea.gov/press-releases/2021/03/30/former-honduran-congressman-tony-hernandez-sentenced-distributing-tons ↑
  14. Antony J. Blinken, “Designations of Former Honduran President Porfirio “Pepe” Lobo Sosa and Former First Lady Rosa Elena Bonilla Avila for Involvement in Significant Corruption,” US Department of State (July 20, 2021), https://www.state.gov/designations-of-former-honduran-president-porfirio-pepe-lobo-sosa-and-former-first-lady-rosa-elena-bonilla-avila-for-involvement-in-significant-corruption/ ↑
  15. “Ex-Honduras president’s son and police allegedly conspired to bring drugs to US,” The Guardian (June 29, 2016), https://www.theguardian.com/world/2016/jun/29/honduras-police-charged-importing-drugs-porfirio-lobo-sosa-son ↑
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