Consideraciones estratégicas sobre los ataques estadounidenses contra terroristas en América Latina
Es poco probable que una sola acción estadounidense incline la balanza, pero un patrón sostenido de conducta percibida como unilateral erosiona la buena voluntad hacia Estados Unidos en América Latina y más allá.
19 de junio. El ataque estadounidense de la semana pasada que dio muerte al fundador del Tren de Aragua, Héctor ‘Niño’ Guerrero Salazar, en el estado Bolívar de Venezuela, y los posteriores comentarios públicos del Secretario de Guerra Pete Hegseth, han centrado la atención regional en el uso de la fuerza letal por parte de Estados Unidos como herramienta contra organizaciones designadas como terroristas.
Tales ataques se asemejan superficialmente a las tácticas empleadas contra figuras clave de grupos extremistas durante la guerra global contra el terrorismo posterior al 11 de septiembre, tanto en su estilo como en su dependencia de, al menos, una concurrencia nominal del gobierno anfitrión. Entonces, como ahora, en nombre de los estadounidenses muertos por la amenaza que representaba un grupo, los ataques se presentaron como una alternativa expedita a los procesos judiciales, a menudo poco viables en la práctica. Si ese enfoque resultó problemático en el contexto de la guerra global contra el terrorismo, los riesgos estratégicos de aplicarlo hoy contra organizaciones narcoterroristas son aún mayores y merecen una seria consideración por parte de los responsables de formular políticas en Estados Unidos.
El enfoque de este artículo no es la legalidad ni la moralidad de tales operaciones, temas que justifican un examen separado. Este artículo se centra en cómo Estados Unidos puede perseguir sus objetivos de seguridad de la manera más eficaz en un entorno complejo.
Al gestionar las amenazas del narcoterrorismo y los flujos no autorizados de personas, dinero y materiales hacia Estados Unidos, así como las actividades de adversarios extrahemisféricos que operan en la región, el interés nacional estadounidense se sirve mejor mediante vecinos cooperativos, institucionalmente capaces y resistentes tanto a amenazas estatales como no estatales que operen desde su territorio: socios que colaboren de manera voluntaria y creativa por interés propio percibido, y no simplemente por miedo u obligación.
Los ataques letales de carácter cinético, aunque tácticamente eficaces y a veces necesarios, incrementan el riesgo de consecuencias adversas en cinco áreas: la adaptación del adversario que reduce la visibilidad o efectividad estadounidense; la fragmentación y violencia que degradan la capacidad de los gobiernos socios; una mayor desconfianza que disminuye la cooperación futura; cambios políticos hacia gobiernos menos cooperativos y más abiertos a los adversarios de Estados Unidos; y la erosión de la buena voluntad y de la posición estratégica estadounidense en la competencia global más amplia. Cuando los responsables políticos determinen que la necesidad de actuar supera estos riesgos, las consecuencias deberían, como mínimo, anticiparse y mitigarse cuando sea posible.
Adaptación del adversario
Los ataques letales tienen un efecto disuasorio previsto que va más allá de simplemente eliminar a un líder, financista o activo técnico. Como demostraron los narcotraficantes en respuesta a operaciones letales estadounidenses en el Caribe —al pasar de lanchas rápidas a contenedores de carga comercial y a rutas más meridionales— estas acciones pueden impulsar a los adversarios hacia comportamientos menos observables y menos vulnerables a la interdicción. Cuando la capacidad del socio o la coordinación entre Estados Unidos y ese socio son imperfectas, un ataque puede degradar más el conocimiento que tiene el socio sobre la red criminal que la propia red.
Fragmentación y violencia
Históricamente, los ataques de decapitación han acelerado la fragmentación dentro de las redes adversarias, a menudo acompañada por un aumento de la violencia mientras subordinados menos experimentados y organizaciones rivales luchan por el control en condiciones de incertidumbre. Este patrón se ha repetido con frecuencia tras la eliminación de liderazgos en importantes organizaciones de carteles. Las consecuencias de los ataques o arrestos dirigidos contra los carteles de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas en México, y más recientemente contra el CJNG, son ilustrativas. También lo son el desmantelamiento de las familias criminales Mendoza y Lorenzana en Guatemala, así como de las redes Cachiros y Valle Valle en Honduras.
Confianza de los socios
Cuando las acciones estadounidenses se llevan a cabo sin el consentimiento del socio o con un consentimiento efectivamente coaccionado, se erosiona la confianza esencial para una cooperación eficaz. Como ocurrió con socios neerlandeses y británicos tras ataques letales estadounidenses en el Caribe, los aliados pueden restringir el intercambio de inteligencia por razones legales, políticas o de principio, reduciendo la efectividad general mucho más allá del contexto operativo inmediato.
Reacción política adversa
Incluso cuando las acciones estadounidenses se realizan con el consentimiento genuino del país anfitrión y en apoyo de objetivos de seguridad compartidos, pueden alimentar narrativas opositoras sobre violaciones de la soberanía. Ese daño político se magnifica por daños colaterales o errores de identificación de objetivos. La negativa sostenida del gobierno de Sheinbaum a permitir ataques estadounidenses en territorio mexicano, y la rápida negación del gobierno de Arévalo de que tales ataques estuvieran siendo considerados en Guatemala, ilustran la profundidad de esas sensibilidades.
Si bien las repercusiones políticas pueden gestionarse mediante una comunicación eficaz y una demostración tangible de beneficios compartidos, una serie excesiva de ataques que provoque daños colaterales desproporcionados, combinada con una postura estadounidense percibida como irrespetuosa de la soberanía, corre el riesgo de provocar la caída política de un socio cooperativo y su reemplazo por un gobierno activamente hostil a Washington. Dicho gobierno podría ampliar, en lugar de restringir, el acceso de organizaciones narcoterroristas a su territorio, reducir la cooperación en seguridad y profundizar sus vínculos con los adversarios de Estados Unidos, generando un perjuicio estratégico que supere con creces cualquier ganancia táctica obtenida con el ataque original.
Posicionamiento estratégico
Es poco probable que una sola acción estadounidense incline la balanza, pero un patrón sostenido de conducta percibida como unilateral erosiona la buena voluntad hacia Estados Unidos en América Latina y más allá.
China ya está explotando las percepciones de coerción estadounidense en sus declaraciones públicas y gestiones diplomáticas, construyendo consenso en torno a estructuras alternativas de gobernanza que favorecen a Pekín y debilitan a Washington.
Estas incluyen la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, la Iniciativa para la Civilización Global y la Iniciativa para la Gobernanza Global.
El poder blando rara vez supera una brecha en capacidades militares o una oferta comercial superior, pero con frecuencia influye en las decisiones de los socios en los márgenes, precisamente en los casos en que la oferta material de China es competitiva. Estados Unidos cede tales ventajas bajo su propio riesgo estratégico.
En su compromiso de poner a Estados Unidos primero y responder a amenazas reales a la seguridad, Washington a veces subestima las consecuencias estratégicas que pueden derivarse de la aplicación de sus considerables capacidades militares, técnicas y de inteligencia. Los cinco riesgos aquí descritos no constituyen argumentos en contra de la acción; son argumentos a favor de contabilizar plenamente todas las consecuencias y costos antes de actuar. Cuando el uso de la fuerza sea necesario, una planificación cuidadosa y una comunicación adecuada, combinadas con consultas respetuosas con los socios, pueden reducir sustancialmente los riesgos asociados. Esa prudencia no es debilidad ni ingenuidad. Es la sabiduría estratégica necesaria para gestionar los asuntos de la nación en un entorno donde cada acción conlleva consecuencias que van mucho más allá del objetivo inmediato.
*R. Evan Ellis es investigador asociado sénior no residente del Center for Strategic and International Studies. Su libro más reciente, China en América Latina: Distorsionando el desarrollo y la democracia, fue publicado por Palgrave Macmillan. Las opiniones expresadas son exclusivamente las del autor.
*Basado en la versión en inglés publicada por UPI, traducido y reproducido con permiso del autor.
